Los principios que rigen la prestación de los servicios públicos regulados en esta Ley son los siguientes: a. La preservación de la salud pública, el recurso hídrico y el ambiente; b. el acceso de todos los ciudadanos a la provisión de los servicios de agua potable y de saneamiento; c. el equilibrio entre la protección de los derechos y obligaciones de los suscriptores y la de los prestadores de los servicios; d. la calidad de los servicios públicos materia de esta Ley; e. la adopción de modelos de gestión basados en criterios de calidad, eficiencia empresarial, confiabilidad, equidad, no discriminación y rentabilidad; f. la transparencia en las decisiones e imparcialidad de tratamiento a todos los prestadores de los servicios y suscriptores.