LexJurIA opera bajo un modelo de gobernanza tecnológica rigurosamente diseñado para respetar las leyes venezolanas, el deber deontológico del jurista y los más altos estándares de protección probatoria.
Garantizamos el derecho fundamental de toda persona a acceder a la información que sobre sí misma o sobre sus bienes conste en registros, así como el resguardo inviolable a la privacidad, confidencialidad y honor personal.
El secreto profesional es una obligación de orden público para el jurista venezolano. LexJurIA estructura su software para que las comunicaciones abogado-cliente y las notas de estrategia procesal sean inaccesibles para terceros, preservando el privilegio legal.
Los documentos, poderes, cotizaciones y recibos generados en la plataforma cumplen con los requisitos de integridad, atribución y no repudio legal para contar con plena eficacia jurídica y valor probatorio en juicio.
Cumplimos los protocolos de seguridad técnica y preservación de evidencia digital tipificados en la legislación especial venezolana, previniendo accesos indebidos, sabotajes o revelación no consentida de datos.
Nuestra IA jurídica tiene prohibido inventar o alucinar normativas. Todo resultado, cálculo o minuta redactada se extrae y contrasta con la Gaceta Oficial, los Códigos vigentes y la jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Nuestra infraestructura en la nube está homologada bajo los más altos estándares internacionales de disponibilidad, control de acceso perimetral y mitigación de vulnerabilidades informáticas.
En LexJurIA, el abogado o titular del despacho conserva en todo momento la propiedad absoluta y los derechos de autor sobre sus expedientes, documentos, bases de datos de clientes y minutas redactadas. LexJurIA no comercializa, no transfiere ni utiliza los datos privados de tus causas judiciales para entrenar modelos públicos de inteligencia artificial.
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