Los objetivos específicos de esta Ley son los siguientes: a. Dotar al sector agua potable y saneamiento de una nueva institucionalidad, con adecuada asignación de competencias, responsabilidades, deberes y derechos entre los distintos agentes que intervienen en la prestación de los servicios; b. establecer las bases y condiciones del ejercicio de la regulación y control de la actividad de los prestadores de los servicios; c. establecer y proteger los derechos de los suscriptores; d. definir un régimen económico que garantice de manera sustentable la prestación eficiente y equitativa de los servicios; e. desarrollar una política eficiente de subsidios que preserve el necesario equilibrio económico de los prestadores de los servicios; f. promover la participación adecuada del sector público y la del sector privado en la prestación y expansión de los servicios de agua potable y de saneamiento; g. establecer criterios para la prestación de los servicios en el área rural y en los desarrollos no controlados, promoviendo la constitución de modelos de gestión apropiados; h. promover la participación de los ciudadanos organizados en el desarrollo y en la prestación de los servicios. Definición de los servicios