El funcionario público que en forma gratuita o mediante recompensa o cualquier otra dádiva para sí o para otro, haya expedido indebidamente licencias, certificaciones, pasaportes, visas, permisos de residencia o cualquier otro documento destinado a hacerlos valer ante la autoridad o ante los particulares, será penado con prisión de uno a cinco años. Con la misma pena serán castigados quienes hicieren uso de los documentos indebidamente expedidos.