Serán penados con prisión de tres meses a un año los funcionarios públicos que: 1) Por si o por interpuesta persona se procuren alguna utilidad, ventaja o beneficio económico con ocasión de las faltas administrativas previstas en los ordinales 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del artículo 41 de esta Ley. 2) Ordenen pagos por obras o servicios no realizados o defectuosamente ejecutados. 3) Certifiquen terminaciones de obras o prestación de servicios inexistentes o de calidades o cantidades inferiores a las contratadas, sin dejar constancia de estos hechos.