El Ejecutivo Nacional queda autorizado para contratar en la forma que estimare más conveniente para los intereses del Fisco, la explotación de las Salinas cuya administración le corresponda, así como declarar algunas de ellas de libre aprovechamiento cuando circunstancias especiales lo hagan necesario, tomando las providencias del caso para evitar la destrucción o daño de las mismas o que la especie pueda ser objeto de actividad ilícita.